Los cirujanos dentistas que hayan obtenido una especialidad y sean deudores del crédito solidario universitario como los del crédito con aval del Estado, podrán pagar parte o la totalidad de sus deudas con trabajo remunerado en las comunas con menores niveles de desarrollo del país. Para ello, estarán disponibles los establecimientos dependientes de los servicios de salud respectivos.
Así quedó establecido en el Congreso, cuando por 100 votos a favor, la sala de la Cámara de Diputados despachó el informe de la comisión mixta, que superó las discrepancias surgidas entre la Cámara y el Senado en la tramitación de este proyecto, y que se referían principalmente a si incluir o no en la norma la posibilidad de optar a este beneficio en comunas de la Región Metropolitana, cuestión que fue ratificada por dicha comisión, con lo que quedó listo para que la Presidenta Michelle Bachelet lo promulgue.
De esta forma, los 107 mil profesionales de distintas carreras que están atrasados en el pago de los créditos que financiaron sus estudios y los 65 mil estudiantes que son parte del crédito con aval del Estado -que se entrega desde 2006-, podrán pagar sus deudas prestando servicios en las municipalidades, corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales correspondientes a las comunas con menores niveles de desarrollo del país.
Esta salida al problema del bajo retorno de los créditos busca entregar profesionales calificados en los lugares donde más se requieren, ya que serán los propios deudores los encargados de buscar estos cupos, así como también ayudar a disminuir la deuda total, que asciende a unos 260 mil millones de pesos.
En la discusión del reglamento, que demoró más de un año en terminar su tramitación, también quedó establecido que los profesionales podrán optar a este beneficio trabajando en organizaciones no gubernamentales que presten apoyo a los municipios más vulnerables.
Sin embargo, será el reglamento asociado a la nueva normativa, que debe ser redactado con un máximo de 90 días desde la promulgación de la ley, el que definirá el detalle de los municipios en los que se podrá optar a este beneficio.
Este reglamento será emanado por medio de un decreto supremo que debe dictar el Ministerio del Interior, con la firma de los titulares de Educación y Hacienda, y establecerá la forma, condiciones y procedimientos de acreditación y los demás mecanismos para hacer efectivos los beneficios de la ley.
El método de pago y verificación de resultados
Al cumplirse el tercer año de vigencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberán realizar una evaluación del cumplimiento de sus objetivos, informando de los resultados de la evaluación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
En cuanto a la operatividad de la ley, para quienes tengan crédito del fondo solidario, cuyo pago comienza dos años después de la titulación, se utilizará el sistema de condonación de la deuda. Esto, porque el financiamiento de los estudiantes lo asume directamente el Estado.
Quienes estudian con crédito con aval del Estado, deberán seguir pagando las cuotas mes a mes, pero el Estado le devolverá el total del monto pagado al terminar el año.
En el mejor de los casos, quien trabaje tres años ininterrumpidos en un municipio calificado como vulnerable podrá acceder a un máximo de 48 UTM (cerca de $1,8 millón), más el beneficio extra, que podría duplicar esa cifra, por lo que se podría cubrir una deuda de hasta $3,6 millones.
