Todo gran logro, visto desde afuera, podría parecer fácil u obra de la casualidad. Pero es importante saber cuánto cuestan algunos triunfos, para tener mayor conciencia de la fuerza propia. Es lo que sucede con la acreditación obligatoria de la Odontología, demanda de la profesión que se hizo realidad y que se debió, en gran medida, a la persistencia y a que los dentistas de Chile supieron unirse detrás del objetivo.
En la nueva Ley General de Educación, la única profesión cuya acreditación obligatoria se incorporó a las ya existentes fue Odontología. A partir de ahora, el Colegio ya trabaja para que se aumenten los estándares, los cuales dependen en la actualidad de la Comisión Nacional de Acreditación.
Para llegar a este punto, hubo que recorrer un largo camino. Las autoridades del Colegio de Cirujano Dentistas llevaron esta demanda ante las ministras de Salud del actual gobierno, doctoras Helia Molina y Carmen Castillo. En ambos casos, se señaló que no estaba en agenda y que el Colegio debía hacer las gestiones directamente ante el Ministerio de Educación, que estaba a cargo de la redacción del proyecto de Ley de Educación Superior. Un planteamiento similar se había hecho previamente con los ministros de Salud de los primeros gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero por distintas razones tampoco hubo avances.
A pesar de las gestiones del Colegio de Cirujano Dentistas, el año 2016 el Gobierno envió el proyecto de Ley manteniendo la acreditación obligatoria solo para Medicina y Pedagogía. En ese escenario adverso, la única opción era revertir la situación en el Congreso. Para ello se transformó una idea de sentido común en precepto constitucional: si según una serie de normativas vigentes la Odontología es, en su esencia, una profesión equivalente a la Medicina, entonces el Estado estaba incurriendo en un acto discriminatorio al garantizar la calidad solo en un caso y no en el otro.
Este argumento fue construido con un informe en Derecho preparado por un ex integrante del Tribunal Constitucional, documento de decenas de páginas que la Orden pudo contratar, precisamente, por el crecimiento que ha experimentado en los últimos años a través del aumento en la cantidad de colegiados.
Este documento fue puesto a disposición de los parlamentarios. Durante meses se sostuvieron varias conversaciones con decenas de ellos, además de una fuerte arremetida en medios de comunicación. El trabajo serio que ha realizado el Colegio en los últimos años facilitó la comprensión transversal por parte de los congresistas, entre los cuales cabe destacar a Rabindranath Quinteros (PS), Javier Macaya (UDI), Alberto Robles (PR), Cristina Girardi (PPD), Manuel Monsalve (PS), Karla Rubilar (independiente) y Fulvio Rossi (independiente).
Gracias a este primer esfuerzo, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados modificó el proyecto de ley e incorporó a una serie de profesiones de la Salud en la acreditación obligatoria, a pesar de la posición contraria del Gobierno, posición que fue apoyada por la Sala de la Cámara.
Los vaivenes políticos de una Ley tan importante como la General de Educación hicieron que el Senado se demorara algunos meses en continuar con la tramitación del proyecto. Durante ese tiempo los dirigentes del Colegio siguieron dialogando con senadores e integrantes del Gobierno para que se ratificara lo que había aprobado la Cámara. Cuando el Ejecutivo presentó sus indicaciones ante la Comisión de Educación de la Cámara Alta, avaló agregar solo a Odontología a la acreditación obligatoria, con argumentos parecidos a los sostenidos por el Colegio. De este modo el Gobierno hizo suya la posición de nuestra profesión. A pesar de las dificultades, el proyecto fue finalmente despachado del Congreso con esta modificación.
En resumen, una profesión unida en torno a su colegio, un trabajo serio a lo largo del tiempo y la persistencia pueden ser el camino para más y mejores logros para la Odontología. Con las nuevas autoridades de Gobierno, se trabajará en los estándares de acreditación para la carrera y en el examen nacional obligatorio, como medidas para cautelar la calidad en la formación y que impidan el surgimiento de programas en Odontología insolventes e innecesarios.
